La causa judicial por la tragedia ocurrida en el club Bahiense del Norte sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo. Por orden del Ministerio Público Fiscal, la Policía allanó la vivienda de Leandro Ginóbili, hermano de Emanuel Ginóbili y expresidente de la institución, en el marco de la investigación por el derrumbe que provocó la muerte de 13 personas durante el temporal que azotó Bahía Blanca el 16 de diciembre de 2023.

El procedimiento fue dispuesto por el fiscal Cristian Aguilar y tuvo como objetivo el secuestro y análisis del teléfono celular del imputado. Según trascendió, la medida apunta a examinar los mensajes y audios intercambiados en las horas posteriores al hecho, material que podría resultar clave para reconstruir lo sucedido tras el colapso del gimnasio donde se desarrollaba una actividad de patín.

Ginóbili, de 55 años, ya había declarado como imputado el pasado 10 de diciembre. La fiscalía lo acusa de estrago culposo y sostiene que, en su rol de presidente del club en ese momento, habría desoído alertas que advertían sobre la gravedad de las condiciones climáticas y la necesidad de suspender las actividades.

Desde la defensa cuestionaron el allanamiento. “Es un teléfono que abrimos voluntariamente en la audiencia y lo exhibimos sin ningún tipo de impedimento, por lo que no se entiende el objetivo de la medida”, señaló Sebastián Cuevas, abogado del exdirigente, tras el operativo realizado en el domicilio ubicado sobre la calle Patricios al 200.

La investigación tomó impulso en los últimos días luego de que el fiscal solicitara que toda la Comisión Directiva del club declarara de manera simultánea y exhibiera los chats posteriores a la tragedia. De ese análisis surgieron mensajes y audios que, según fuentes judiciales, presentaron contradicciones y encendieron nuevas sospechas. En particular, se investiga la posible existencia de contactos entre dirigentes del club y peritos oficiales mientras se elaboraban informes técnicos determinantes para la causa.

El foco también está puesto en las diferencias entre el primer peritaje, realizado pocos días después del derrumbe y con conclusiones severas sobre la construcción del gimnasio, y una ampliación posterior, presentada meses más tarde, que resultó sensiblemente más benévola para la institución. Para la fiscalía, el análisis del celular de Ginóbili podría ayudar a esclarecer qué ocurrió en ese período y por qué cambió el enfoque de los informes.

La causa, que también tiene entre los imputados a la jefa del área de Habilitaciones del municipio, continúa avanzando mientras la Justicia busca determinar responsabilidades en una de las tragedias más dolorosas de los últimos años en Bahía Blanca.